En un acto profundamente contradictorio, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum —quien se proclama humanista y defensora de los sectores más vulnerables— ha consumado la eliminación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Esta organización tenía como misión “impulsar la mejora continua de la educación básica, media superior, inclusiva y de adultos para contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en sus diversos contextos sociales con un enfoque de inclusión, equidad y excelencia” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2020), a través de promover la mejora de los resultados de aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes. La supresión de Mejoredu no solo representa una pérdida estructural para el sistema educativo nacional, sino una grave violación a los derechos laborales de más de 500 personas que dedicaron años —algunas más de una década— al servicio público, recibiendo a cambio una compensación insultante y, hasta ahora, nula posibilidad de reubicación dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¿Dónde queda el “humanismo” cuando se deja en el desamparo la mejora de educación y a un número importante profesionales de la educación?  

Surgimiento y desaparición   
El 15 de mayo de 2019, por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue extinto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como parte de la reforma educativa impulsada por su administración. En su lugar, el 30 de septiembre del mismo año, se reformó el artículo 3º constitucional, lo que dio paso a la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La Mejoredu fue presentada como una institución orientada a promover la mejora educativa desde un enfoque más inclusivo.  

Cuatro años después, en febrero de 2024, el mismo expresidente López Obrador, presentó una iniciativa para eliminar siete organismos autónomos, y de forma incomprensible, incluyó a la Mejoredu en la lista. Se trató de una maniobra contradictoria e ilógica si consideramos los principios de su gobierno proclamados de manera recurrente en su discurso: un desarrollo humanista, cercano al pueblo, que atiende a todos, pero sobre todo a los más necesitados (SEP, 2024). La Mejoredu no era autónoma, ni neoliberal, ni iba en contra de la búsqueda del bien común a través del impuso a la educación.  

El 20 de diciembre de 2024, ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la iniciativa fue aprobada, pero sin un decreto de extinción específico para la Mejoredu, ni una estrategia y comunicación claras sobre cómo sería el cierre definitivo. El limbo jurídico que esto generó provocó una creciente incertidumbre entre el personal que continuaba laborando. Entre enero y marzo de 2025, comenzaron a circular rumores cada vez más insistentes sobre el cierre definitivo de la institución. A esto se sumó el hostigamiento por parte de autoridades de la SEP, quienes presionaban para que los colaboradores dejaran sus funciones, aun sin instrucciones legales ni protocolos claros.  

Limbo jurídico y por dignidad laboral   
Ante la falta de información oficial e incertidumbre de la situación laboral de las y los colaboradores del organismo, en marzo de 2025 nació el Movimiento de Trabajadorxs Mejoredu por la defensa de sus derechos laborales. Esta movilización emergió desde la base trabajadora como un acto de resistencia legítima, motivada por la indignación y el abandono institucional, así como por búsqueda de una salida digna.  

A pesar de que no existía un decreto de extinción, la SEP comenzó a operar como si la Comisión ya no existiera. A los trabajadores se les negó información formal y, desde inicios del año, fueron objeto de diversas formas de presión para abandonar sus actividades. Se les retiraron los equipos de cómputo y se les canceló el acceso a los distintos softwares y paquetería de ofimática que utilizaban para desempeñar su trabajo.  

Al no haber canales institucionales de comunicación ni interlocución, asistieron a la mañanera de Claudia Sheinbaum para entregarle una carta para solicitar un trato justo y respeto a sus derechos laborales frente a la desaparición de la Comisión, que ese mismo día, tras una maniobra astuta a las afueras de palacio nacional, lograron entregar a Mario Delgado Carrillo, actual secretario de educación; se manifestaron en diferentes momentos y por varios días, cerraron Barranca del Muerto y las oficinas e inmediaciones de la SEP ubicada en avenida Universidad; asimismo, buscaron tener la mayor presencia posible en medios locales y nacionales para dar visibilidad a su causa.  

Fue solo después de cada uno de esos actos que hubo comunicación, aunque lenta e intermitente. El primer contacto fue con Carlos Cruz del área Jurídica de la SEP y después con Ernesto Cabrera Brugada, encargado de Concertación, gestión y seguimiento de instrucciones presidenciales. Con estos funcionarios sostuvieron diferentes conversaciones donde los colaboradores de la Mejoredu obtuvieron respuestas realmente indignantes.  

Durante las primeras reuniones con estas autoridades, a los colaboradores se les repitió una y otra vez el mismo discurso, que eran personal de confianza y que nos tocaba nada, y que, además, la SEP no tenía contemplada ninguna medida al respecto. En cambio, era claro el interés que tenían en recuperar los muebles y el edificio que albergaba a la Comisión que en dialogar con los más de 500 profesionales que lo habitaban.  

Un aparente avance en las negociaciones dio pie a una no solo indecorosa sino ilegal. Se les propuso firmar renuncias anticipadas con fecha futura (31 de julio) y dejar de presentarse a trabajar, lo que implicaba —en los hechos— convertirlos en aviadores, sin garantías de pago ni derechos adquiridos. Nunca hubo intenciones de reconocer su antigüedad, sus aportaciones o la posibilidad de una transferencia dentro de SEP. Gracias a la firme oposición del Movimiento, esta propuesta fue modificada.  

Una indemnización que no compensa la entrega  
Tras semanas de presión, desgaste físico y emocional, y una evidente falta de voluntad institucional, el gobierno finalmente ofreció una compensación, bajo un convenio de separación que les aseguró tres meses de salario para cada trabajador. Una cifra absolutamente insuficiente para quienes llevaban años —incluso más de una década— laborando para el estado. No se reconoció su antigüedad, ni su compromiso, ni la calidad del trabajo que realizaban. Por si fuera poco, este pago estuvo condicionado por una instrucción, el desalojo total del edificio.  

El 31 de mayo de 2025, la Mejoredu cerró sus puertas. En apenas tres días —del 28 al 30 de mayo— se vació el edificio, se entregaron documentos, informes, equipos y archivos. Fue un cierre exprés y burocrático, sin despedidas institucionales, sin ceremonia, sin memoria. Los datos, investigaciones, publicaciones y herramientas generadas a lo largo de cinco años quedaron a la deriva, sin garantía de preservación ni interés por parte de la SEP. A las y los trabajadores no se les reubicó, no se les propuso ninguna alternativa laboral dentro del sector público. Fueron simplemente desechados.  

Camino a la opacidad, el fin de las instituciones de contraste  
El cierre de Mejoredu no solo significa la desaparición de un organismo con atribuciones clave para impulsar la mejora del sistema educativo, sino también el desdén institucional hacia su labor y hacia quienes la llevaban a cabo. Con esta decisión es evidente el desconocimiento y descalificación por parte del ejecutivo y de la SEP respecto a su misión, funcionamiento y aportaciones, así como el desinterés por construir políticas educativas basadas en evidencia.  

La desaparición de la Comisión, sin que se haya creado una instancia equivalente que garantice información técnica, independiente y confiable, abre paso a una preocupante opacidad sobre la situación real del sistema educativo. Sin instituciones de contraste, sin contrapesos técnicos, el país queda más vulnerable a decisiones unilaterales, sin diagnóstico ni rendición de cuentas.  

Así concluye una etapa institucional que pudo haber sido clave para el futuro educativo, pero que terminó sepultada por decisiones políticas carentes de visión, compromiso y respeto por la educación y para quienes trabajan de forma profesional en lo educativo.  

Referencias:  

Secretaría de Educación Pública. (2024, enero 3). Boletín 4: La Cuarta Transformación revoluciona la educación para construir una nación con valores: Leticia Ramírez Amaya. Gobierno de México.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2020). Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación: Introducción. Cuenta Pública 2020.

Publicado originalmente en Ángulo 7.