
El derecho internacional en jaque
Autoría: Julio César Ávalos Huerta
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Una vez más parece que la ley del más fuerte vuelve a cobrar vigencia sin tapujos. Principios fundamentales como el Pacta Sunt Servanda, que obliga a los Estados al cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales, parecen papel mojado cuando escuchamos al presidente de los Estados Unidos decir que está dispuesto a hacer uso de la fuerza para lograr la anexión de Groenlandia o retomar el control del Canal de Panamá.
Otro tanto puede decirse en relación con su interés en comprar la Franja de Gaza y convertirla en “la Riviera de Oriente Próximo”, como si se tratará de tierra de nadie, como si no fuese el asiento de millones de palestinos y, sobre todo, obviando el genocidio cometido contra los gazatíes a manos del régimen israelí de Benjamín Netanyahu.
La Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 que prohibió el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones corre el riesgo de saltar en pedazos. Dicha resolución se emitió precisamente para reconocer la legitimidad de los movimientos de liberación nacional especialmente en el continente africano. En torno a esos años (la década de 1960) las potencias europeas fueron reconociendo la independencia de casi un centenar de lo que fueron sus antiguas colonias y territorios bajo su administración.
Por lo que respecta específicamente a las intenciones trumpistas de retomar el control del Canal de Panamá, es oportuno recordar que desde 1977 se suscribió el acuerdo que estableció la soberanía panameña sobre el canal en el denominado Tratado Torrijos–Carter.
Además de la vulneración del principio Pacta Sunt Servanda, la amenaza del uso de la fuerza en sí misma (es decir, como amenaza) constituye una violación al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. De producirse actos de fuerza para tomar el control del canal, se configuraría una agresión en los términos de la Resolución 3314 de la Asamblea General y calificado como crimen internacional en el Estatuto de Roma de 1998 que creó la Corte Penal Internacional.
Ciertamente, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Tampoco lo es Israel. Por lo tanto, se afirma que no estarían obligados a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero también vale la pena recordar que los Tribunales de Nüremberg que juzgaron a los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera existían cuando se produjeron los lamentables sucesos por los que algunos alemanes fueron juzgados. Dos factores fueron claves para que los juicios de Nüremberg gozaran de legitimidad; uno de ellos, por supuesto, fue la derrota de Alemania; el otro fue el consenso internacional sobre el sentido de justicia al momento de juzgar a los criminales nazis.
Conviene tener presente ese episodio de nuestra historia. Muchos países del mundo, por no decir todo el mundo, incluidos México y Canadá, ven con cierto asombro que décadas de narrativa neoliberal ahora navegan a la deriva ante la agresiva imposición unilateral de tasas arancelarias por parte del gobierno estadounidense. Se suponía que las grandes potencias habían resuelto que la liberación de las fuerzas del mercado era la panacea y, bajo ese supuesto, proliferaron los acuerdos de libre comercio.
La otrora poderosa Organización Mundial del Comercio (OMC) proclama desde hacer más de treinta años que los intercambios comerciales deben realizarse de la forma más fluida, previsible y libre posible. Sin embargo, hoy, tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como las normas de la OMC que rigen el comercio internacional están en jaque y a punto de perder la partida frente al atropello trumpista.
Pensar en acudir a instancias de arbitraje o cualquier mecanismo de resolución de controversias luce ingenuo. Algunos países, como China o Canadá, se han apresurado a responder también con impuestos a las importaciones procedentes de Estados Unidos. En ese sentido se pronostica una espiral impositiva que los analistas no dudan en calificar como una guerra comercial. Y en la guerra, aunque solo fuese comercial, las normas jurídicas sencillamente quedan al margen.
Recientemente escuché a un colega decir que “el derecho no es asunto solamente de los abogados, como la salud tampoco es asunto solo de los médicos”. Es verdad. En el contexto actual evitar el jaque mate al derecho y la justicia internacional será un reto formidable que exigirá los mejores talentos de todos y todas: juristas, especialistas de la política, de las relaciones internacionales, del comercio, de la economía.
Los escenarios son muy volátiles, pero, por lo pronto, en el tablero mundial México ha sabido jugar sus piezas hábilmente para retrasar las medidas arancelarias. En vista de que este asunto parece lejos de concluir, el tiempo que logremos ganar será fundamental. Por poderoso que sea Estados Unidos es improbable que Trump pueda salir airoso de tantos frentes de batalla simultáneos y sumando animadversiones incluso dentro de su propio país.