Las Organizaciones de Base Comunitaria: actores clave en el derecho humano a hacer ciencia en México
Autoría: Marcela Ibarra Mateos
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El Conahcyt con “H” ha abierto procesos interesantes y con un enorme potencial para generar una investigación que permita impulsar el diálogo de saberes entre distintos actores. Tal es el caso de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y sus Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii) que han sentado las bases, en estos seis años, para un nuevo modelo transdisciplinario desde el que se promueve el trabajo colaborativo entre actores sociales, académicos y gubernamentales, con el fin de atender necesidades urgentes en los territorios locales.
En las Jornadas Pronaces Conahcyt 2019-2024, que tuvieron lugar a finales de agosto de este año en el Estado de México, fue posible conocer los resultados del trabajo de más de 650 proyectos que a través del trabajo territorial atendieron problemáticas vinculadas con la presencia de agentes tóxicos y procesos contaminantes, la gestión del ciclo socio natural del agua, la educación, la energía y el cambio climático, la salud, la seguridad humana, los sistemas socio ecológicos y la sustentabilidad, la soberanía alimentaria, la cultura, la vivienda y el hábitat. Todos ellos implementados a través de colectivos de investigación e incidencia.
En este encuentro, destacó la importancia que las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) han tenido en la articulación de los Colectivos de Investigación e Incidencia que dieron vida a estos proyectos. Iniciativas de productoras y productores, colectivos comunitarios, comités de agua, grupos de población indígena, casas de atención a migrantes, centros de salud, defensores de territorio, campesinos, pescadores, entre muchos otros formaron parte del diseño y planeación de los proyectos, la implementación de diagnósticos participativos, la generación de comunidades de aprendizaje y la capacitación y formación a través de su participación en talleres, conversatorios y diseño de materiales pedagógicos. Participaron también en la mediación con los actores gubernamentales, entre muchas otras actividades. La existencia de estas organizaciones, que como ellas bien lo dicen, precede a los Pronaces ha sido clave para el arraigo territorial de estos procesos.
Las OBC, a partir de un trabajo coordinado previo a las Jornadas, redactaron un pronunciamiento dirigido a los gobiernos saliente y entrante, y que fue leído en voz alta por dos compañeras representantes de estas organizaciones provenientes de más de 800 municipios del país, en el que expresaron, la relevancia de su participación pero también hicieron eco de una serie de problemáticas que enfrentan en sus territorios.
Destaco tres elementos fundamentales del pronunciamiento compartido. En primer lugar, la mención a las violencias contra las defensoras y defensores del medio ambiente y el territorio en todo el país, que pone en riesgo la existencia misma de las comunidades a las que pertenecen y la exigencia de justicia para las personas que sufren amenazas y violencia por su defensa comunitaria de la vida en todo el país. En segundo lugar, la denuncia con respecto a la falta de participación de algunos actores de gobierno, particularmente en las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), para la implementación de soluciones, a pesar de la gravedad sanitaria y ambiental demostrada a través de los proyectos. Y, en tercer lugar, los procesos extractivistas y de despojo que continúan siendo hegemónicos en México y en los que prevalecen los modelos de industrialización y urbanización que contaminan el agua y además exponen a los productores y consumidores a agentes tóxicos.
Ante estos planteamientos, el próximo gobierno enfrenta grandes desafíos en términos de ciencia. En primer lugar, avanzar de manera sólida y contundente hacia la recuperación de la seguridad y la paz de los territorios del país. Promover la transformación productiva en nuestro país que recupere los circuitos económicos locales frente a los modelos transnacionales que promueven el extractivismo en los territorios y la explotación de los trabajadores, como es el caso del modelo de nearshoring. Y finalmente, asegurar la participación de hombres y mujeres de las comunidades en condiciones de vida justas para avanzar hacia lo que se considera el derecho humano a hacer ciencia y a gozar de los beneficios de su desarrollo.