En el último semestre, medios de comunicación, personas defensoras, comunidades indígenas y organizaciones han señalado abusos1 cometidos por integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en diferentes regiones de Chiapas, en el marco de la estrategia de seguridad para “Pacificar Chiapas”. Entre las afectaciones se señalan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, incomunicación, faltas al debido proceso, colusión con organizaciones de crimen organizado, así como tortura y tratos crueles.  

Aunque la FRIP se desprende de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del Estado de Chiapas, de acuerdo con su titular, se compone de “elementos que han pertenecido al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal y la Secretaría de Marina Armada de México”, menciona también que “todo se hace como el Ejército, como las Fuerzas Armadas a nivel mundial”. Es decir, desde el propio discurso gubernamental, este cuerpo de élite lleva consigo lógicas y prácticas con características militares.

La creación y operación de la FRIP es un ejemplo más de las políticas de seguridad pública que refuerzan el modelo de Estado penal al servicio del proyecto capitalista, racista, colonial. Tal y como se menciona en la caracterización construida por Marielle Franco, activista afrobrasileña, sobre las Unidades de Policía de Pacificación (UPP), las fuerzas policiales que enarbolan un discurso de “pacificación” demuestran “una carga ideológica para mantener los elementos fundamentales de la política hegemónica, pues se centraliza en la acción de la policía y utiliza la apelación a la paz como recurso ideológico”.  

Sobre la FRIP (o “Pakales”) se ha desplegado una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que su existencia es justificable, de legitimar su operación, así como de ocultar sus contradicciones, principalmente relacionadas con las violaciones a derechos humanos cometidas en sus operativos contra pueblos y territorios originarios, autónomos o con presencia de vida comunitaria. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha mencionado que en Chiapas el gobierno basa su discurso en una paz simulada, a través de la instrumentalización de narrativas de la sociedad civil.  

Esta estrategia de seguridad se lleva a cabo en un contexto de violencia sociopolítica en el Estado de Chipas, marcado por las denuncias de violaciones graves a derechos humanos y la falta de verdad y justicia tras ellas. Sin obviar el contexto histórico de represión contra los pueblos originarios.

Preocupa entonces que la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de Chiapas se base exclusivamente en el fortalecimiento del uso de la fuerza pública de un grupo policial, sin tomar en cuenta aspectos claves en materia de seguridad ciudadana, en particular el enfoque de derechos humanos, que contempla la obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana junto a una perspectiva pluricultural que garantice la autonomía de los pueblos originarios frente a otras comprensiones de seguridad.

Se deben reconocer los límites de las estrategias de seguridad basadas en lógicas y prácticas militares y, sobre todo, detener las agresiones derivadas de ellas, con el fin de construir políticas integrales que considere la multiplicidad de factores y acciones que deben atenderse para proteger la vida e integridad de la población.

De esta manera, retomo el pensamiento de Marielle Franco, quien propuso frente a la lógica militar de la seguridad pública, otra lógica política, aquella que se organiza desde abajo, en comunidad, con una voz que prioriza la vida. También, es importante recuperar su conclusión sobre la opinión pública construida para legitimar este tipo de políticas de seguridad, con el fin de convencer a las clases medias que, atemorizadas por la inseguridad se disponen a ignorar las violaciones a los derechos humanos o a exigir “orden y mano dura”.  

Por tanto, nos queda preguntarnos como sociedad ¿cuál es la seguridad que imaginamos? ¿A qué costo dicha seguridad? Y ¿por qué centralizarla en un accionar estatal-militar?

Publicado originalmente en Ambas Manos.