La emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y la controversia que se generó en torno a esta resulta ser paradigmática para entender la situación en la que se encuentran los derechos a la participación ciudadana y a la libertad de expresión en México.

Vayamos por partes. Fue el 24 de julio pasado cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció la realización de una consulta pública para recabar opiniones con relación a la propuesta de estos lineamientos, los cuales buscan regular cómo se garantizan los derechos de las audiencias establecidos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicho proceso estuvo abierto durante 20 días hábiles, cerrando el 21 de agosto.

Aunque suena bien la idea de una consulta para la definición de un documento de esta importancia para garantizar el derecho de la sociedad a acceder a información plural y clara a través de radio y televisión, su desarrollo no fue el mejor. Se trató de la habilitación de un portal de internet en donde las personas podían comentar con respecto al documento, sin lineamientos claros de qué se debía publicar. Esto llevó a que se recibieran 8,889 comentarios (la mayoría en contra), incluyendo mensajes subjetivos sin mayor contenido a favor o en contra de la propuesta o análisis hechos por organizaciones como Artículo 19 o la IBERO Puebla.

Pese a la gran cantidad de mensajes recibidos, a menos de una semana de cerrada la consulta, la CRT ya había emitido los nuevos lineamientos, respondiendo, según, a las observaciones que se hicieron, pero hay claridad sobre cómo fue el proceso de sistematización y análisis de esta información, así como de selección de las recomendaciones que fueron consideradas para los ajustes finales.

Sin embargo, esto no sorprende. En los últimos años ha sido común que las autoridades lancen consultas públicas, supuestamente para recabar propuestas ciudadanas, pero que funcionan sólo como mecanismos para brindar cierta legitimidad a iniciativas cuestionadas por la opinión pública. Un ejemplo son los Diálogos Nacionales que impulsó el Poder Legislativo federal en 2024 para someter a consulta la reforma al Poder Judicial, ejercicio cuestionado por su metodología, así como por los resultados obtenidos.

Esto, más allá de ser un ejemplo de la simulación de los procesos de consulta en México, pone en evidencia la situación compleja en la que se encuentra el derecho a la participación ciudadana, pues los pocos espacios que se abren para que las personas puedan expresar sus puntos de vista sobre asuntos públicos, resultan ser poco útiles para de verdad reflejar aquellas posturas o necesidades de la sociedad.

Por si esto fuera poco, al enfocarnos al contenido en sí de los Lineamientos, podemos identificar elementos que siguen poniendo en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en radio y televisión. Pese a lo que se expresó en la consulta, la CRT asume facultades tanto de supervisión como de vigilancia que podrían consolidarlo como un ente censor.

Por un lado, se establece que la Comisión podrá determinar si los Códigos de Ética así como las propuestas de Personas Defensoras de las Audiencias que presenten los medios radiofónicos o televisivos cumplen con los requisitos establecidos en los propios Lineamientos, pudiendo negar el registro de estos en caso de que falte algún criterio, sin que se establezca de forma clara si estas revisiones previas son sólo de forma o de fondo, lo cual podría habilitar al órgano estatal para influir en los contenidos o en los perfiles.

Además, se faculta a la CRT para intervenir en los procesos de quejas que presente la ciudadanía en caso de que considere que algún contenido viola sus derechos como audiencia. Si bien esta participación puede ser a petición de quien presente la queja o la Persona Defensora de las Audiencias en caso de que el medio no cumpla con las recomendaciones que se le hagan, considerando el contexto actual en México, en donde el uso de mecanismos legales en contra de periodistas se ha vuelto una práctica recurrente, esto abre la puerta para un posible abuso de este mecanismo con el objetivo de acallar voces críticas.

De este modo, como ya se dijo, el proceso de consulta y la publicación en sí de los Lineamientos nos dan una idea de que en México la expresión está en riesgo: se están generando mecanismos que limitan lo que se puede decir, y cuando se abren espacios para supuestamente dialogar, no se escuchan las voces que buscan participar.

Publicado originalmente en Ambas Manos.