Alexander y Gael son los dos niños que en días pasados fueron asesinados en el contexto de la escalada de violencia en Sinaloa. Representan la tragedia de las infancias indefensas ante la crisis de seguridad en el país y las consecuencias de la política que inició en 2006 y que casi dos décadas después, sigue descansando en buena medida en la militarización de la seguridad pública.

En este lapso, hay generaciones que crecieron y llegaron a su etapa adulta conociendo únicamente los entornos de violencia extrema: narcomensajes, toques de queda, enfrentamientos armados, desapariciones, homicidios, derecho de piso y cultura de la violencia son parte de la experiencia vital de miles de niñas y niños. Asistimos a la pérdida de la seguridad emocional y proyectos de vida, orillándolas a un camino de existencia que jamás habrían elegido. Ellas y ellos fueron privados de una experiencia vital ordinaria y sin violencias.

A finales de 2024, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expuso su preocupación al Estado mexicano por la muerte de niñas y niños a consecuencia de la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la perpetuada por las corporaciones de seguridad. Además, alertó sobre la disminución de presupuesto para la educación, salud, seguridad social y la primera infancia. El Estado parece haber renunciado a su calidad de garante de derechos y protección de las infancias y es responsable por acción y omisión, de la condición desoladora en la que se encuentran las infancias.

El órgano de Naciones Unidas señaló que: “los menores de edad, especialmente aquellos que se encuentran en la primera infancia, son más vulnerables ante los hechos violentos derivados de la inseguridad que impera en varias entidades del país”. De esta forma, el desplazamiento, los homicidios, la desaparición y el reclutamiento hacen parte de un condicionamiento estructural que afecta a la población infantil.

Los saldos del deterioro de la seguridad son palpables: Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2022 se registraban más de 100 mil niñas, niños y adolescentes desplazados de manera forzada por la violencia. La Red por los Derechos de la Infancia en México documentó que el año pasado se reportaban 25 desapariciones por día de personas menores de 18 años en el país, mientras que los homicidios crecieron 6.5% al cierre de 2024, con respecto al mismo periodo en 2023. En este contexto, el reclutamiento forzado es un problema apremiante. Cada vez más, los grupos de delincuencia organizada obligan a jóvenes a formar parte de sus filas desde una edad más temprana.

Es urgente una política integral de atención a niñas y niños y prevención que incluya los mecanismos de procesamiento para una denunciar temprana de la violencia en todos los ámbitos, con ajustes que favorezcan el acceso a la justicia y con instituciones adaptadas a sus necesidades, así como medidas de atención integral que coloquen a las infancias en el centro. Esto supone también, darle voz a las y los niños. “Queremos paz”, se leía en los cárteles de la manifestación de la semana pasada. El reto no solo es garantizar una vida libre de violencia, sino, en este contexto desolador, preservar sus vidas y empezar la construcción de un horizonte de bienestar para las y los niños en México.

Publicado originalmente en El Universal.