El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, sobre la posible eliminación de varios órganos autónomos, ha provocado un intenso y emergente debate. Entre las propuestas se encuentra la desaparición de instituciones como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), argumentando, principalmente, que sus funciones podrían ser asumidas por otros organismos gubernamentales.

Estas entidades tienen como objetivo principal, en el caso de MEJOREDU, impulsar la mejora continua de la educación, mientras que CONEVAL se encarga de medir la pobreza y evaluar las políticas de desarrollo social, entre ellas las de carácter educativo.

Más allá de las controversias históricas y las disputas políticas que han rodeado a estos organismos, es fundamental reflexionar sobre la importancia de conservar entidades que tengan como una de sus funciones la evaluación de la educación, con sus distintos enfoques y alcances, y que operen con un nivel de autonomía.

La evaluación en el ámbito educativo desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Organismos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que fue sustituido por MEJOREDU, han sido fundamentales en la formulación de recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia y el seguimiento de a problemáticas históricas en diferentes niveles. Además, considero que, de manera importante, su enfoque ha contribuido a una discusión más informada sobre lo que sucede en el sistema educativo mexicano.

Si bien es cierto que el desempeño de MEJOREDU como tal podría ser cuestionable, es importante tomar en cuenta que más allá de esta discusión, la desaparición de lo que representan estos órganos autónomos conllevaría riesgos significativos para el sistema educativo mexicano. Se corre el riesgo de perder mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas, o lo que queda ellos, incluso si se transfieren las funciones a otros organismos. Además, se abrirían aún más la puerta a posibles manipulaciones de discursos sobre programas y políticas educativas, al integrarse en otras instancias gubernamentales donde la evaluación y rendición de cuentas podrían perderse entre otras funciones e intereses políticos.

Por lo tanto, es fundamental tener organismos autónomos específicos en el área de la evaluación de la educación, ya que no solo garantizan una mayor imparcialidad y calidad en las evaluaciones, sino que también fortalecen la democracia y el Estado de derecho.

En conclusión, la desaparición de órganos autónomos cuyas funciones estén relacionadas con la evaluación educativa representa un riesgo para el avance y la consolidación de los pocos logros alcanzados en materia de rendición de cuentas en el país. Por lo que es indispensable seguir de cerca el curso de esta propuesta de reformas y no perder de vista los alcances de este tipo de decisiones más allá de la presunta transferencia de funciones entre unos órganos y otros como una estrategia de reducción del gasto.

Publicado originalmente en e-consulta.