El Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyetl, es la quinta montaña más alta de México, ubicada entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Sus poco más de 46 mil ha, desde 1938 están protegidas para resguardar y restaurar ecosistemas valiosos por las diversas funciones ambientales que proveen, por ejemplo, la provisión de agua, la retención de suelo, el equilibrio del clima, la fijación de CO2, la liberación de O2, la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como el cobijo a la biodiversidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la Malinche hay 937 especies entre hongos, plantas, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, muchas de ellas endémicas y con algún estatus de protección, preservadas en 16 mil ha de bosque. Pese a la relevancia de éstos, la Comisión ubicó la pérdida de la cubierta forestal a un ritmo de 20 ha/año, por lo que la PROFEPA la identificó como una zona crítica forestal por actividades de tala clandestina.

Esta situación probablemente se deba a que, pese a que desde la década de los noventa los estados de Tlaxcala y Puebla se comprometieron a conformar un Comité técnico formado por presidentes municipales, instituciones educativas, organizaciones e instancia para la protección ambiental, no fue hasta el 2013 en el que se promulgó el instrumento rector de planeación y regulación de actividades para su manejo.

En un contexto de denuncia de deforestación generada por la tala ilegal, incendios y pérdida de funcionalidad de los bosques, desde el 2010 se presentaron indicios de la desregulación de las poblaciones de escarabajos (Dendroctonus mexicannus) que, en condiciones normales, son un eslabón importante en el reciclaje de la materia pues degradan los árboles enfermos o débiles. Para el 2020, en medio de sequías atípicas e incendios, se registró la presencia desregulada del descortezador en la mitad de los municipios de Tlaxcala.

La gravedad del fenómeno detonó que pobladores de los municipios en el polígono del Parque demandaran la intervención urgente de las autoridades, mostrando inconformidad con distintos elementos, desde que no se buscó y escuchó a las comunidades para la toma de decisiones; trámites innecesariamente burocráticos con la solicitud de documentos que las autoridades locales no poseían; la imposibilidad de sanear con acciones menos radicales (tratamiento químico en lugar de derribar el árbol) y el aprovechamiento de la madera, una vez talado el árbol, en dos sentidos, el precio por m3 y las empresas a las cuales podrían vender la madera.

Este hecho, detonó la conformación de la Red de Comunidades Unidas Malintzi/Matlalcueye, integrada por pobladores, comités comunitarios, activistas y académicos, con el objetivo de responder coordinadamente al avance de la plaga, así como la interlocución con los diferentes niveles de autoridad, a quienes se les exigió una atención con perspectiva de derechos indígenas y pertinencia cultural.

Este 14 de febrero, las socias de Artemali Ocoxal, del municipio de Tepatlaxco, informaron en su página de Facebook que, en el marco de las actividades permanentes para el cuidado del bosque, identificaron, al cobijo de acciones de saneamiento, “destrucción, devastación, ecocidio” con la tala de árboles sanos (https://www.facebook.com/ArtemaliOcoxalMx). Denunciaron que fueron amedrentadas y amenazadas, haciendo responsables de “cualquier situación que atente contra nuestra integridad y la de nuestras familias, a todas las personas involucradas en este saneamiento” y preguntaron “¿Quién defiende a las cuidadoras?”

Esta interrogante adquiere tintes de atención urgente si consideramos que la defensa de bosques, ríos, selvas y montañas en México ocurre en contextos de mucha violencia, como reconoce el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (CEMDA), el 2022 fue el año más violento desde que tiene registro, con 82.5% más eventos que el 2021.

A través de este documento expreso mi solidaridad con las Guardianas de la Matlalcuéyetl y reivindico que asegurar la protección de nuestro patrimonio biocultural, implca garantizar la vida y el respeto a los derechos humanos de las y los defensores ambientales, así como descartar cualquier asomo de impunidad.

Publicado originalmente en El Universal Puebla.