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La semana pasada se cumplió el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nueve años de indignación, denuncia, lucha, movilización y, sobre todo, nueve años de reivindicación de la dignidad. Padres de los desaparecidos, familiares, compañeros, defensores de derechos humanos y sociedad civil en general han permanecido en pie de lucha desde la madrugada del 26 de septiembre; y, si bien algunas certezas se han ido construyendo en el camino, el paradero de los 43 sigue sin conocerse debido, en gran medida, a una postura errática del gobierno federal que ha entorpecido la investigación desde distintos frentes.
El pasado 21 de septiembre, los padres instalaron un plantón afuera del Campo Militar número 1 como presión al Ejército para que entregue el resto de la información que tiene sobre el caso y que ha mantenido oculta desde hace nueve años. Hoy se sabe, por ejemplo, que el Ejército recababa información mediante espionaje a los estudiantes de la normal desde antes de los hechos, que algunos elementos castrenses colaboraban con el crimen organizado, que elementos del 27 Batallón de Infantería siguieron de cerca los hechos del 26 de septiembre de 2014 y que realizaron después una investigación interna. Sin embargo, esa información ha sido negada y ocultada.
López Obrador recibió en 2018 el caso Ayotzinapa lleno de fracturas, con una verdad histórica ya profundamente desmontada gracias a la tenacidad de los padres, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que los han acompañado y las investigaciones de los expertos del GIEI. Como símbolo del compromiso de López Obrador para resolver el caso, en los inicios de su gobierno creó una Comisión de la Verdad (Covaj) que, aunque no era autónoma, procuraba la articulación y cooperación de las instituciones públicas para encontrar la verdad; creó también la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) para la persecución del delito y la procuración de justicia en el caso; por último, renovó un mandato del GIEI para continuar con la investigación independiente y rigurosa que exigían los padres de los desaparecidos.
Cinco años después tenemos una Covaj inconsistente y poco solvente en su actuar; una Ueilca desmantelada, como ha revelado su ex fiscal entrevistado por el periodista John Gibler, y un GIEI extinto, que abandonó el país por la ausencia de cooperación del gobierno federal y que además ha sido reiteradamente criticado y atacado por el propio jefe del Ejecutivo. Aun con las filtraciones de Guacamaya Leaks y los mensajes de texto interceptados por las autoridades de Estados Unidos –que no deben confundirse con los mensajes de WhatsApp inconsistentes presentados por la Covaj en 2022–, la prioridad de la actual administración se ha concentrado en garantizar la intocabilidad del Ejército.
La posición del actual gobierno federal y particularmente del Presidente tiende a disociarse y apartarse de la realidad. Fundamentalmente porque fue su gobierno el que vinculó la participación activa del Ejército en la desaparición de los estudiantes, pues hasta antes de 2019, se advirtió la participación permisiva y de entorno de macrocriminalidad por parte elementos del Ejército, pero no su participación activa en la desaparición. Basta mencionar el informe de la Covaj presentado el 18 de agosto de 2022, en que a través de un conjunto de pantallazos de celular –que luego se advertiría en el mejor de los casos que eran inverificables, por no decir falsos– se señala que un grupo de estudiantes habría ingresado a instalaciones militares con vida para luego ser ultimados. Lo mismo se puede mencionar sobre uno de los testigos con identidad protegida que hoy se sabe públicamente responde al nombre de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y que ha sido un cooperante continuo de esta administración, pues dicha persona habría puesto en su testimonio el mismo factor de participación activa del Ejército en la desaparición y posterior ejecución de los estudiantes.
Es decir, se trata de componentes que provienen de trabajo de la propia institucionalidad del Estado y que hoy se rehúyen bajo una lógica que parece protectora de las fuerzas armadas. A nueve años de los hechos, y a cinco de gobierno de la 4T, el compromiso del Presidente con las víctimas y su promesa de no impunidad se traiciona cada vez más.
Lo que queda, después de nueve años y de la sostenida movilización de las familias de los estudiantes y de las organizaciones que las han acompañado es una sensación de profunda irresolución.
El gobierno reconoce que se trató de un crimen de Estado que involucra a algunos elementos del Ejército y acepta que ha fallado en encontrar el paradero de los estudiantes, pero cada vez con mayor vehemencia sigue rechazando cualquier señalamiento que lesione la legitimidad de las fuerzas armadas en su conjunto.
Fue el Estado, pero no el Ejército, según la narrativa oficial, y apenas se señala al Ejército pone en operación estrategias de encubrimiento, obstaculización y deslegitimación de las instancias que lo investigan, tal como sucedió con la Ueilca y el GIEI, y tal como sucede con la Covaj.
Así, lo cierto es que el gobierno del “no somos iguales”, que se ha afanado en desmarcarse discursivamente de los gobiernos anteriores, ha fallado en la tutela de la verdad, en la procuración de la justicia y en la atención integral de una crisis de violencia que realmente garantice la no repetición. Ni qué decir de la militarización ante un caso como el de Ayotzinapa que encarna y revela en toda su crudeza la macrocriminalidad y la necropolítica operadas desde las altas esferas del Estado mexicano, incluidas sus instituciones castrenses. A un año de terminar el sexenio, parece ya muy impro bable que se cumplan las promesas hechas en 2018, sobre todo porque parece haberse dado la espalda al compromiso con las víctimas. No obstante, la dignidad de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como la de tantas familias en todo México que buscan a sus más de 110 mil desaparecidos, se sostienen como la más promisoria semilla de esperanza para una sociedad adolorida que no renuncia a su legítima demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición.
